El Ayuntamiento de Pachuca mantiene bajo investigación diversas actuaciones jurídicas y administrativas de la pasada administración municipal, encabezada por Sergio Baños Rubio, entre ellas la participación de un despacho externo de abogados que habría intervenido en asuntos del municipio sin que, presuntamente, existiera un contrato que sustentara dicha actuación.
El secretario general del Ayuntamiento, Eduardo Trejo Lino, informó que actualmente se integran alrededor de 24 carpetas de investigación, de las cuales 19 están relacionadas con el incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas.
El funcionario precisó que los expedientes no están enfocados exclusivamente en los abogados que llevaron determinados procesos legales durante el gobierno anterior, pues también se revisa la actuación de exservidores públicos de distintas áreas que pudieron intervenir en los procedimientos.
Uno de los casos que llamó la atención del gobierno municipal corresponde a un despacho jurídico externo que habría tenido bajo su control expedientes de la administración municipal, pese a que no se habría localizado un vínculo contractual que acreditara su participación.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento reunió la documentación disponible y presentó la información ante las autoridades correspondientes para que se determine si existieron conductas irregulares y quiénes pudieron tener responsabilidad.
Trejo Lino explicó que, en este tipo de procedimientos, la responsabilidad podría alcanzar a más personas además de los abogados externos, debido a que la atención de un asunto jurídico involucra a diferentes funcionarios y áreas municipales.
Revisan posibles responsabilidades penales
El secretario general señaló que el municipio se limita a aportar los hechos y las pruebas que tiene a su alcance, mientras que será el Ministerio Público quien determine si existe algún delito.
Entre las conductas que podrían ser analizadas se encuentran el abuso de atribuciones y facultades, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, aclaró que la clasificación jurídica definitiva corresponderá a la autoridad ministerial una vez que concluya las investigaciones.
El rastreo también alcanza a exfuncionarios
Las indagatorias abarcan además a quienes participaron en la cadena administrativa para cumplir resoluciones y realizar pagos derivados de procesos judiciales.
Trejo Lino explicó que un pago de este tipo no depende de una sola persona, ya que puede pasar por Tesorería, el área donde laboraba el trabajador involucrado, el titular de una dependencia o incluso algún organismo municipal.
Por ello, conforme avance la revisión de los expedientes, podrían determinarse responsabilidades para otros exservidores públicos que hayan intervenido en dichos procedimientos.
Además, el funcionario puntualizó que una conducta irregular puede tener consecuencias tanto en el ámbito penal como en el administrativo. Por ello, los casos han sido comunicados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y al Órgano Interno de Control.
Algunas investigaciones llevan meses
Sobre el estado de las carpetas, Trejo Lino reconoció que algunas llevan varios meses e incluso cerca de un año sin que se haya llegado a una judicialización.
No obstante, afirmó que la autoridad ministerial ha dado seguimiento a los asuntos y explicó que los tiempos dependen de factores como la carga de trabajo de la Procuraduría y la necesidad de solicitar o integrar documentación adicional.
El Ayuntamiento, agregó, continuará aportando los elementos necesarios para que las autoridades determinen si hubo irregularidades y, en su caso, establezcan las responsabilidades correspondientes.