Maestros que sean señalados por violencia escolar y posteriormente resulten sin responsabilidad podrían contar con mayores mecanismos de protección, ante la propuesta de establecer un protocolo que defina cómo deben actuar las autoridades frente a este tipo de denuncias.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, consideró necesario encontrar un equilibrio entre el derecho de niñas, niños y adolescentes a denunciar cualquier agresión y la protección de los trabajadores de la educación frente a acusaciones que no puedan comprobarse.
Durante el arranque del ciclo escolar 2026-2027, el mandatario explicó que a nivel nacional se plantea establecer una ruta de actuación que permita determinar, por escrito, qué pasos deben seguirse cuando se presenta un señalamiento contra un docente.
“Que quede por escrito cuáles son los pasos a seguir, que no sea en la interpretación de una persona”, señaló.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, informó que la entidad ya trabaja en esta propuesta junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Congreso local.
Explicó que la preocupación surge a partir de casos en los que madres y padres de familia han acusado a docentes o directivos y, después de las investigaciones, no se encuentran elementos suficientes para acreditar los señalamientos.
De acuerdo con el funcionario, algunos maestros han permanecido separados de sus grupos durante dos o tres años mientras se desarrollan los procedimientos, además de enfrentar daños a su reputación, incluso cuando finalmente no existen pruebas en su contra.
Por ello, planteó que también se analice establecer consecuencias para quienes presenten de manera deliberada información falsa con la intención de perjudicar a un trabajador de la educación.
Castrejón Valdez aclaró que esto no significa cerrar la puerta a las denuncias. Por el contrario, sostuvo que cualquier reporte de violencia debe ser atendido e investigado, pero pidió que las familias actúen con responsabilidad debido a las consecuencias que puede generar una acusación falsa.